La diputada Sandra Amaya Rosales, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado de Durango, presentó una iniciativa para reformar la la Ley de Seguridad del Estado.

El objetivo es establece un marco jurídico de coordinación formal entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango.

Así como fortalecer las capacidades del Estado para prevenir, investigar y sancionar eficazmente los actos de corrupción, mediante mecanismos jurídicamente respaldados de colaboración interinstitucional.

‘Comparezco para presentar una iniciativa con un objetivo claro: fortalecer las capacidades institucionales del Estado para prevenir, investigar y sancionar con eficacia los actos de corrupción’.

‘La corrupción ha sido uno de los principales obstáculos estructurales al desarrollo nacional, y Durango no es la excepción’.

‘Estas cifras no son solo estadísticas: son reflejo de una realidad que deteriora la confianza ciudadana, desvía recursos públicos y perpetúa la impunidad’.

‘La presente iniciativa responde a esa exigencia ciudadana, institucionalizando la cooperación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía Anticorrupción’.

‘Este nuevo marco jurídico permitirá establecer protocolos para proteger a denunciantes y testigos, realizar diagnósticos conjuntos, estandarizar procedimientos e intercambiar información estratégica’.

‘Durango no puede ni debe quedarse atrás’, señaló la diputada Sandra Amaya en su discurso.