La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, inició el retiro de cámaras de videovigilancia de particulares que han sido colocadas en espacios públicos sin autorización, como parte de un operativo de verificación y ordenamiento de estos dispositivos.

Las acciones están a cargo del personal del C5, que además de identificar instalaciones irregulares, realiza labores de mantenimiento a las cámaras operadas por el propio sistema estatal para asegurar su correcto funcionamiento. El objetivo es tener un control sobre la infraestructura de vigilancia instalada en el entorno urbano.

Óscar Galván Villarreal, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, explicó que estas tareas buscan establecer un padrón de empresas y particulares que desean colaborar en programas de prevención y vigilancia, a través de sus propios equipos. Con ello, se pretende integrar esfuerzos y ampliar el rango de monitoreo en diferentes zonas del estado.

El operativo contempla la revisión de dispositivos que no cumplen con la normatividad o que han sido colocados sin autorización sobre infraestructura pública. La intervención también permitirá mejorar la conectividad y el uso coordinado de cámaras como herramienta de apoyo para la seguridad ciudadana.

Las autoridades reiteraron que cualquier empresa o ciudadano interesado en sumarse a los programas de videovigilancia deberá registrarse y seguir los lineamientos establecidos por la Secretaría, a fin de garantizar un uso responsable y ordenado de este tipo de tecnologías en espacios públicos.