La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en materia de extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal y reforzar su combate en todo el país. La propuesta busca que el delito sea perseguido de oficio, eliminando la carga de denuncia directa por parte de la víctima.

Sheinbaum reconoció que la extorsión es el único delito que mantiene una tendencia al alza a nivel nacional, a diferencia de otros ilícitos que han mostrado disminución. Señaló que muchas personas no denuncian por miedo o por no poder ratificar su declaración, por lo que ahora se plantea que el Estado mexicano asuma el papel de víctima y actúe de forma inmediata en la persecución de estos casos.

La iniciativa contempla modificar el artículo 73 de la Constitución, fracción XXI, inciso A, para incluir la extorsión en el grupo de delitos que ya cuentan con una legislación general, como la desaparición forzada, el secuestro, la trata de personas y la tortura. El objetivo es homologar el tipo penal y sus modalidades, así como establecer mecanismos de investigación efectivos bajo principios de coordinación institucional.

Entre las recomendaciones que autoridades y organismos especializados en seguridad han difundido para prevenir la extorsión, se incluye evitar responder llamadas de números desconocidos, no compartir información personal o familiar con extraños, y en caso de recibir amenazas, mantener la calma, colgar de inmediato y reportar al 089. También se sugiere establecer canales de comunicación entre familiares para actuar con rapidez si ocurre una llamada sospechosa.

Como parte de la estrategia nacional, también se contempla que las unidades especializadas en secuestro amplíen su función para atender casos de extorsión. Además, se impulsa el uso del número 089 como línea de denuncia anónima, que ya se encuentra disponible para quienes enfrenten este delito.

La propuesta ya fue enviada a la Cámara de Diputados y se espera que sea analizada y discutida por las distintas fuerzas políticas con el fin de establecer un marco jurídico unificado que permita enfrentar la extorsión con mayor eficacia en todo el país.