El Congreso del Estado recibió una iniciativa para reformar el Código Civil de Durango con el objetivo de fortalecer los mecanismos legales contra deudores alimentarios. La propuesta, presentada por el diputado Fernando Rocha Amaro, del Grupo Parlamentario del PAN, plantea medidas para garantizar el cumplimiento efectivo de esta obligación y priorizar el interés superior de la niñez.

Entre los cambios propuestos destaca la posibilidad de retener fondos para el retiro en caso de que el deudor no cuente con bienes embargables, con el fin de asegurar la pensión alimenticia. “El interés superior del menor debe estar por encima del patrimonio del deudor”, expresó el legislador durante la presentación de motivos.

Además, se busca modificar los artículos 304, 304-1 y 312 del Código Civil estatal para que los convenios firmados ante el DIF o el Centro Estatal de Justicia Alternativa tengan efecto inmediato. Con ello, se pretende que el cómputo de morosidad inicie desde la firma del acuerdo, sin depender de procesos judiciales adicionales.

Rocha Amaro recordó que Durango ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), con 124 personas inscritas. Afirmó que esta omisión representa no solo un problema económico, sino también una forma de violencia que afecta principalmente a mujeres y menores de edad.

“La falta de pago no es solo un incumplimiento legal, también reproduce el abandono y refuerza desigualdades estructurales”, señaló. En ese sentido, el legislador sostuvo que el pago de la pensión alimenticia debe asumirse como una responsabilidad ética, no como una carga administrativa.

La propuesta fue turnada a la comisión correspondiente para su análisis y eventual dictaminación dentro del proceso legislativo ordinario.