El diputado Alejandro Mojica Narváez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Durango, presentó una iniciativa de reforma constitucional para expedir una Ley General en materia de extorsión. La propuesta busca unificar la tipificación y sanciones de este delito en las 32 entidades federativas, así como fortalecer su combate a nivel nacional.

Durante la exposición de motivos, Mojica señaló que el objetivo es que el delito de extorsión sea perseguido de oficio y que el Estado asuma la condición de víctima, incluso sin denuncia previa. Esto, dijo, permitiría romper el silencio que muchas veces protege a los extorsionadores y evitar que el miedo continúe paralizando a las víctimas.

“La grandeza de un país se mide no sólo por sus leyes, sino por su capacidad de proteger la vida y la dignidad de su gente”, expresó el legislador. Agregó que la propuesta responde a la evolución del delito, el cual ha adoptado nuevas formas, desde llamadas intimidatorias hasta el uso de inteligencia artificial para clonar voces y cometer fraudes.

Mojica recordó que el PAN ya había impulsado iniciativas similares desde diciembre pasado, y aunque reconoció que la propuesta federal presentada en julio retoma parte de ese enfoque, insistió en que “no bastan las reformas sin voluntad para romper la complicidad entre autoridades y delincuentes”.

En el caso de Durango, subrayó que la entidad ha mantenido un trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, lo que ha permitido contener el crecimiento de este delito. “La seguridad aquí no se improvisa, se defiende todos los días”, afirmó al reconocer el esfuerzo de autoridades estatales y municipales.

La propuesta plantea que la futura Ley General articule mecanismos de investigación, inteligencia, reparación del daño, canales de denuncia eficaces y esquemas de prevención. El legislador insistió en que esta legislación debe garantizar vigilancia efectiva y protección real para las víctimas.