La diputada Rocío Rebollo presentó una iniciativa de reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado, con el objetivo de garantizar la protección integral de los derechos humanos de niñas y niños que conviven con sus madres dentro de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) en Durango.

Durante su ampliación de motivos, la legisladora señaló que la privación de la libertad no solo afecta a las personas recluidas, sino también a sus hijas e hijos, quienes en muchos casos quedan en condiciones de vulnerabilidad e invisibilidad.

Se consideran ‘niñas y niños invisibles’ a aquellos cuyas necesidades no son reconocidas ni atendidas por el Estado, lo cual los expone a riesgos como violencia, marginación y desprotección institucional.

Las condiciones del sistema penitenciario mexicano no están diseñadas para garantizar los derechos fundamentales de esta población infantil, lo que perpetúa su exclusión y desamparo.

La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que los hijos e hijas de mujeres privadas de la libertad pueden permanecer con ellas hasta los tres años de edad; sin embargo, no existen mecanismos claros de atención ni presupuestos adecuados para asegurar su bienestar.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, se contabilizan al menos 362 niñas y niños viviendo en prisión con sus madres, aunque se estima que la cifra real es mayor a 400.

La iniciativa se sustenta en el principio del interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4º constitucional, que obliga al Estado a garantizar de forma prioritaria su alimentación, salud, educación y recreación.

La reforma busca armonizar el marco jurídico estatal con las obligaciones constitucionales e internacionales, fortaleciendo la protección de derechos humanos en contextos de reclusión y reforzando el papel del Estado como garante del bienestar infantil.