El diputado Ernesto Alanís propuso una iniciativa para expedir la Ley de Justicia Cívica del Estado de Durango y sus Municipios, con el objetivo de dotar a los 39 municipios de un marco legal común, que permita atender faltas administrativas y conflictos comunitarios mediante un modelo de justicia cívica, eficiente, restaurativo y preventivo.

‘Crear nuevos mecanismos, y fortalecer los que ya existen, es fundamental para garantizar la seguridad y lograr una vida más tranquila y armoniosa para todos’, señaló el legislador.

Además, se busca ofrecer alternativas a las sanciones comunes como multas o arrestos. Por ejemplo, que las personas puedan participar en actividades comunitarias, programas sociales o terapias, si así lo deciden voluntariamente, mediante un acuerdo firmado ante el Juez.

Las autoridades municipales son las primeras en atender conflictos cotidianos, por lo que deben contar con herramientas eficaces para prevenir delitos y resolver problemas antes de que escalen.

El modelo propone atender las causas sociales de las faltas, fomentar la cultura de la legalidad y reparar el daño causado, más allá del castigo.

Se requiere capacitar jueces, policías y funcionarios; actualizar conceptos legales; y aplicar procedimientos eficaces con alternativas a las sanciones tradicionales.

Estados como Guanajuato, Chihuahua, CDMX y Nuevo León ya cuentan con legislación en la materia, con buenos resultados.

La Suprema Corte validó en la acción de inconstitucionalidad 70/2019 que los Congresos estatales pueden legislar sobre justicia cívica, incluso sin Ley federal general.

Aunque la Ley Orgánica del Municipio Libre contempla el modelo, su aplicación es irregular o inexistente en varios municipios, lo que genera disparidad e ineficiencia.