Jaime Alanís García, un migrante mexicano de 57 años originario de Michoacán, murió tras caer del techo de un invernadero durante un operativo de agentes de migración en una granja de cannabis en Camarillo, California. El incidente ocurrió el pasado 10 de julio y su fallecimiento se confirmó este fin de semana.

Alanís trabajaba como jornalero en condiciones precarias. Al momento de la redada, intentó evadir a los agentes trepando al techo de un invernadero, desde donde cayó más de nueve metros. La caída le provocó fracturas severas en el cráneo y columna, según informes médicos. Murió dos días después en un hospital del condado de Ventura.

El operativo fue encabezado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y agentes de CBP, quienes además detuvieron a más de 360 personas, entre ellas al menos 14 menores. Las autoridades estadounidenses aseguran que también se investigaban posibles casos de trata laboral en la zona.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso. En su conferencia matutina, calificó como “inadmisible” la muerte del migrante y anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya evalúa una posible denuncia formal en tribunales de Estados Unidos. “Murió en un contexto de persecución laboral, no de crimen. Vamos a actuar con firmeza”, dijo.

La Cancillería ya mantiene contacto con la familia de Jaime Alanís y ha comenzado un seguimiento legal del caso. De acuerdo con cifras oficiales, tan solo en lo que va de 2025, más de 75 mil mexicanos han sido deportados desde EE.UU. En el último mes, ICE ha incrementado sus redadas en campos agrícolas del oeste del país.

Organizaciones de defensa de migrantes señalan que la muerte de Alanís no es un hecho aislado, sino reflejo de una política migratoria cada vez más agresiva. El caso volvió a encender el debate sobre las condiciones laborales y la falta de protección para jornaleros migrantes, muchos de los cuales trabajan en la sombra, sin papeles, sin derechos y ahora, también, sin garantías mínimas de seguridad.