La Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio por concluido el primer proceso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, luego de que la Fiscalía General del Estado de Campeche retiró formalmente su solicitud. Sin embargo, una nueva petición para retirarle la inmunidad constitucional ya comenzó a circular entre los integrantes de esta instancia legislativa.

La primera solicitud, presentada en 2022 por presunto enriquecimiento ilícito, quedó sin materia debido al desistimiento de la Fiscalía y a un apercibimiento de un tribunal colegiado para que el Congreso cerrara el expediente. Aunque el priista obtuvo un amparo por un cateo irregular en su domicilio, la resolución no lo exoneró de los delitos señalados, según explicó Hugo Éric Flores, presidente de la Sección Instructora.

Ahora, una segunda petición de desafuero fue enviada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche. El expediente incluye cinco casos distintos, relacionados con los delitos de peculado, uso indebido de atribuciones y extralimitación de facultades, presuntamente cometidos por Moreno durante su administración como gobernador.

Flores aclaró que, aunque los diputados ya tienen el expediente en sus manos, aún no ha iniciado formalmente el procedimiento. Indicó que este será revisado a fondo antes de definir fechas o acciones, y que lo más probable es que se comience a desahogar en el próximo periodo ordinario, en septiembre.

Desde la oposición, el PAN llamó al gobernador de Tabasco, Javier May, a presentar una solicitud similar contra el senador morenista Adán Augusto López Hernández, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. El exhorto fue hecho por el panista Germán Martínez Cázares, quien pidió “parejo” el uso de la figura del desafuero.

Además, Martínez planteó que otras entidades también podrían presentar procesos similares, como el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco en Morelos, quien en marzo pasado fue exonerado por la Cámara debido a presuntas deficiencias en el expediente enviado por la fiscalía estatal.