La aprobación de Ley que Regula Medidas para la Prevención de la Transmisión del Virus del Covid-19, que marca como obligatorio el uso del cubrebocas en los espacios públicos y privados de nuestro estado, es un nuevo modelo que buscar garantizar el respeto a los derechos humanos de los duranguenses, señaló la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Lilia Amaya Rosales.

Explicó que es importante puntualizar que no se contemplan sanciones económicas o multas a los ciudadanos, como se proponía en un inicio, pues la naturaleza recaudatoria de esta medida podría dar lugar a actos de corrupción.

‘De igual forma hemos visto cómo en otros estados de la República se han reportado casos de abuso policial, derivados de los arrestos que contemplan esas Leyes, y eso es lo que buscamos evitar’, apuntó.

Amaya Rosales detalló que exista confianza en que los ciudadanos y las instituciones encargadas de garantizar el uso obligatorio del cubrebocas, respetarán esta nueva Ley.

‘Estarán obligados a garantizar que sus trabajadores y visitantes usen correctamente el cubrebocas, las instituciones privadas y comercios; el transporte público; así como las instituciones públicas y oficinas de Gobierno, los cuales deberán procurar el acceso a este aditamento’, abundó.

La presidenta del Congreso local reiteró que el objetivo último es garantizar la salud de los duranguenses, y no dañar las ya desgastadas economías de las familias en nuestro estado.